Pornografía impune
02/16/2010 - 04:00 AM
Ayer volvió a su templo parroquial, en Xalapa, el sacerdote Rafael Muñiz López. El año pasado vivió 60 días de arraigo y hasta el viernes pasado casi ocho meses de prisión, procesado por delitos de delincuencia organizada y pornografía infantil, en sus modalidades de almacenamiento, y de distribución y acopio. Deficiencias de la ley y de su aplicación lo han puesto en libertad.
De regreso a su lugar de trabajo -rehuso decir que a su ministerio pastoral- Muñiz López seguirá con su vida de antes, complacido por el apoyo que el obispo de Xalapa, Hipólito Reyes, le brindó en el trance que acaba de superar. Su vida de antes quiere decir que continuará teniendo relaciones sexuales con mujeres –se ufanó de ser heterosexual- pues admite que las tiene, y con frecuencia, pues sobrelleva la pena de ser guapo, según también su propio dicho. Allá el presbiterio xalapeño y la feligresía del templo de san Pedro Apóstol, en la calle de Pablo Casals 27, que permiten a un confesor que utiliza su ministerio para seducir, seguir desempeñando su oficio, y no se le retire la autorización para que todos los días logre la transformación verdadera, no simbólica, del pan el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo según considera la fe católica. Allá ellos también que le permitan seguir practicando su ruin oficio de pornógrafo, porque no quedó exonerado, no fue declarado inocente.
Fue dejado en libertad porque un juez y un tribunal federales le otorgaron amparo contra el auto de formal prisión y ordenaron la revocación de una parte de ese instrumento legal con que se le abrió proceso. Conforme a esa decisión de la justicia penal, el juez 44 penal tendría que continuar el juicio por almacenamiento de pornografía, que no está considerado como delito grave y por lo tanto el sacerdote –por supuesto me niego también a llamarlo padre- podría haber quedado libre mientras se ventilaba su proceso. Pero el juez penal se declaró incompetente porque el delito se había producido en Veracruz y remitió los autos a la justicia de ese estado. Eso significa que Muñiz López no será juzgado en esa entidad porque la legislación penal local no prevé castigo para conductas como la suya. Por eso ha vuelto al tibio entorno que lo ha protegido durante años, porque sus benevolentes fieles y sus no menos afables superiores comprenden que la carne es débil y pasan por alto sus infracciones al celibato que ofreció guardar.
Muñiz López fue descubierto en abril pasado como parte de una red de pornografía infantil que acopiaba y distribuía pornografía infantil, imágenes de adultos fornicando con niñas y niños de no más de diez años. La procuraduría de justicia del Distrito Federal localizó a integrantes de esa red en el DF (donde se utilizaba una computadora de la Secretaría de Relaciones exteriores) y de los estados de Hidalgo, Puebla, Aguascalientes, Yucatán y Veracruz, desde donde se remitía su inmunda mercancía a Colombia, Chile, España, Estados Unidos y Rusia.
La impunidad de este clérigo, basada entre otras consideraciones en que no ofendió la moral pública porque sus envíos se dirigen a “un círculo cerrado de personas” ha ofendido con razón a Lydia Cacho, la periodista que ha hecho del auxilio a mujeres víctimas de violencia y de la denuncia de la pederastia y la pornografía infantil las causas de su vida. Ayer mismo condenó la falta de castigo a Muñiz López y la protección que el obispo Reyes Larios le ha prodigado, pues éste “logró incidir en el Gobierno de Veracruz para impedir que la Procuraduría local siguiera las indagaciones. La semana pasada el juez tuvo la opción de aceptar el juicio de revisión solicitado por los ministerios públicos pero, muy convenientemente para el sacerdote, se negó. No es casualidad: En Veracruz las leyes sobre poronografía infantil no protegen a la infancia y sí a las redes de ciberpederastas, como otros estados.” (El Universal, 15 de enero).
Lydia Cacho recordó de paso que este prelado protegió “también al párroco Jesús Sandoval González, sentenciado por violar a niños de la casa hogar Manuel Pío López”, y sentenció: “No es culpa de la Iglesia que algunos de sus miembros cometan delitos, particularmente pederastia, pero ciertamente los que están libres de culpa podrían hacer algo más para prevenirla y evitarla. Lo inexplicable es la protección cómplice que otorga a este tipo de criminales, pese a que sus delitos atentan contra todo aquello que defiende la doctrina cristiana”.
Anteayer domingo, por cierto, se cumplieron cuatro años de la difusión, en el programa que Carmen Aristegui sostenía en XEW, de las cintas que registraron la célebre conversación entre el empresario textil Kamel Nacif y el gobernador de Puebla Mario Marín. Tres meses antes, en diciembre de 2005, Lydia Cacho había sido prácticamente secuestrada en Cancún por agentes judiciales de Puebla y trasladada a esa ciudad para que respondiera penalmente a una acusación de Nacif. La charla entre éste y el góber precioso, como llamó el empresario a Marín, situaba con claridad el origen y el modo de la detención de la periodista y en ella se esbozaba el agraviante plan urdido en su contra.
Pese a diversos procedimientos que incluyeron una investigación constitucional por la Suprema Corte, Marín y Nacif quedaron impunes, no obstante que en el tribunal constitucional quedó claro que la agresión a Lydia Cacho se debía a su denuncia de una red internacional de pederastia y pornografía infantil..
De regreso a su lugar de trabajo -rehuso decir que a su ministerio pastoral- Muñiz López seguirá con su vida de antes, complacido por el apoyo que el obispo de Xalapa, Hipólito Reyes, le brindó en el trance que acaba de superar. Su vida de antes quiere decir que continuará teniendo relaciones sexuales con mujeres –se ufanó de ser heterosexual- pues admite que las tiene, y con frecuencia, pues sobrelleva la pena de ser guapo, según también su propio dicho. Allá el presbiterio xalapeño y la feligresía del templo de san Pedro Apóstol, en la calle de Pablo Casals 27, que permiten a un confesor que utiliza su ministerio para seducir, seguir desempeñando su oficio, y no se le retire la autorización para que todos los días logre la transformación verdadera, no simbólica, del pan el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo según considera la fe católica. Allá ellos también que le permitan seguir practicando su ruin oficio de pornógrafo, porque no quedó exonerado, no fue declarado inocente.
Fue dejado en libertad porque un juez y un tribunal federales le otorgaron amparo contra el auto de formal prisión y ordenaron la revocación de una parte de ese instrumento legal con que se le abrió proceso. Conforme a esa decisión de la justicia penal, el juez 44 penal tendría que continuar el juicio por almacenamiento de pornografía, que no está considerado como delito grave y por lo tanto el sacerdote –por supuesto me niego también a llamarlo padre- podría haber quedado libre mientras se ventilaba su proceso. Pero el juez penal se declaró incompetente porque el delito se había producido en Veracruz y remitió los autos a la justicia de ese estado. Eso significa que Muñiz López no será juzgado en esa entidad porque la legislación penal local no prevé castigo para conductas como la suya. Por eso ha vuelto al tibio entorno que lo ha protegido durante años, porque sus benevolentes fieles y sus no menos afables superiores comprenden que la carne es débil y pasan por alto sus infracciones al celibato que ofreció guardar.
Muñiz López fue descubierto en abril pasado como parte de una red de pornografía infantil que acopiaba y distribuía pornografía infantil, imágenes de adultos fornicando con niñas y niños de no más de diez años. La procuraduría de justicia del Distrito Federal localizó a integrantes de esa red en el DF (donde se utilizaba una computadora de la Secretaría de Relaciones exteriores) y de los estados de Hidalgo, Puebla, Aguascalientes, Yucatán y Veracruz, desde donde se remitía su inmunda mercancía a Colombia, Chile, España, Estados Unidos y Rusia.
La impunidad de este clérigo, basada entre otras consideraciones en que no ofendió la moral pública porque sus envíos se dirigen a “un círculo cerrado de personas” ha ofendido con razón a Lydia Cacho, la periodista que ha hecho del auxilio a mujeres víctimas de violencia y de la denuncia de la pederastia y la pornografía infantil las causas de su vida. Ayer mismo condenó la falta de castigo a Muñiz López y la protección que el obispo Reyes Larios le ha prodigado, pues éste “logró incidir en el Gobierno de Veracruz para impedir que la Procuraduría local siguiera las indagaciones. La semana pasada el juez tuvo la opción de aceptar el juicio de revisión solicitado por los ministerios públicos pero, muy convenientemente para el sacerdote, se negó. No es casualidad: En Veracruz las leyes sobre poronografía infantil no protegen a la infancia y sí a las redes de ciberpederastas, como otros estados.” (El Universal, 15 de enero).
Lydia Cacho recordó de paso que este prelado protegió “también al párroco Jesús Sandoval González, sentenciado por violar a niños de la casa hogar Manuel Pío López”, y sentenció: “No es culpa de la Iglesia que algunos de sus miembros cometan delitos, particularmente pederastia, pero ciertamente los que están libres de culpa podrían hacer algo más para prevenirla y evitarla. Lo inexplicable es la protección cómplice que otorga a este tipo de criminales, pese a que sus delitos atentan contra todo aquello que defiende la doctrina cristiana”.
Anteayer domingo, por cierto, se cumplieron cuatro años de la difusión, en el programa que Carmen Aristegui sostenía en XEW, de las cintas que registraron la célebre conversación entre el empresario textil Kamel Nacif y el gobernador de Puebla Mario Marín. Tres meses antes, en diciembre de 2005, Lydia Cacho había sido prácticamente secuestrada en Cancún por agentes judiciales de Puebla y trasladada a esa ciudad para que respondiera penalmente a una acusación de Nacif. La charla entre éste y el góber precioso, como llamó el empresario a Marín, situaba con claridad el origen y el modo de la detención de la periodista y en ella se esbozaba el agraviante plan urdido en su contra.
Pese a diversos procedimientos que incluyeron una investigación constitucional por la Suprema Corte, Marín y Nacif quedaron impunes, no obstante que en el tribunal constitucional quedó claro que la agresión a Lydia Cacho se debía a su denuncia de una red internacional de pederastia y pornografía infantil..
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