Veracruz: Ley antiaborto aprobada.

Hasta hace 6 días, el Estado de Veracruz, preveía en su Código Penal, sanciones económicas y privativas a las mujeres que se provocasen el aborto y a quienes lo practicaran. La legislación imponía multa de seis meses a cuatro años de prisión y hasta 75 días de salario mínimo. Establecía que no se penalizaría el aborto que fuese causado por imprevisión de la mujer embarazada; o el embarazo fuese resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, siempre que se practicase dentro de los 90 días de gestación.

También, que la mujer embarazada en peligro de muerte a juicio de un médico que la asista, podría abortar, agregándose siempre la opinión de otro facultativo, y considerando que no hubiese un riesgo adicional para ella.

Pero los diputados de la LXI legislatura del congreso de Veracruz, sin una discusión social amplia ni la mínima consulta a las mujeres, acaban de aprobar la penalización del aborto así nomás, promoviendo modificaciones al artículo 4 constitucional de este Estado.

Con el fin supuesto de disminuir las sanciones contra las mujeres, se establece que a la mujer que provoque o consienta un aborto, se le impondrá un “tratamiento médico integral” provisto por el estado y multa de 75 días de salario mínimo, dispensándoseles de la pena de prisión. En el caso de reincidencia, se aplicará pena privativa de libertad de uno a cuatro años de cárcel y multa de 100 días de salario mínimo. A la persona que haga abortar a la mujer con su consentimiento, se le impondrán de cuatro a siete años de prisión y multa de hasta 75 días de salario.

También a última hora, se modificó el artículo 150 del Código Penal de Veracruz, obligando al Estado a dar tratamiento médico y psicológico a las mujeres que aborten, aunque de reincidir, se les aplicarán penas de uno a cuatro años de cárcel. Mejor hubieran dejado la ley cómo estaba... ¿no tienen nada qué hacer más importante?

La aprobación se llevó a cabo entre protestas de mujeres manifestantes en contra de la ley antiaborto y acarreadas provida que los mismos legisladores convocaron en su apoyo cómo se estila en la política mexicana.

Se pretende también que el Congreso turne a la legislatura, reformar los artículos 1 y 4 de la Constitución federal para reconocer los derechos de los nonatos. El Estado garantizaría el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos del individuo (¡Cuánta palabra vacía!). La ley − según esto − establecerá los casos de excepción (¿?). La modificación obtuvo 39 votos de PRI y PAN, contra seis sufragios de los partidos de la Revolución Democrática, Convergencia, del Trabajo y de la priísta Dalia Pérez Castañeda.

Así, Veracruz se convierte en el decimoséptimo estado de nuestro País, que en un afán de retroceso social y haciendo caso omiso de la laicidad supuesta del Estado Mexicano, concede a un óvulo fecundado, las garantías legales de una persona.

Se siguen así, las políticas religiosas de la empresa católica, las componendas políticas detrás de las cortinas entre los dos gigantes electorales y no la evaluación científica o la búsqueda de una discusión amplia en todos los sectores de la sociedad. Sin consultar más que a su confesor privado, los legisladores priístas y panistas demuestran que no tienen muchas diferencias en su criterio moral o político, y que siguen básicamente los mismos objetivos, no constituyendo una verdadera alternativa en sus proyectos de gobierno.

Incluso, Santo Tomás en la Suma Teológica, siguiendo la teoría de la evolución del alma de Aristóteles consideró que un embrión es un alma exclusivamente sensitiva que luego sería más perfecta: sensitiva e intelectiva. O sea: "En la generación del hombre, lo primero es lo vivo, luego el animal, y por último el hombre" (Suma Teológica II-2 q64 a1), lo que significaría que un óvulo fecundado no es realmente un ser humano.

Llama la atención que los católicos antiabortistas, no consideren el daño que puede causar a un chico que no haya deseo de por medio y que esa situación pueda llevarlo a la psicosis u otras patologías severas del desarrollo mental. El deseo de la Madre lo es todo sobre el niño al principio, y si no existe esto, mejor debiera evitarse el suceso, para no condenar a la infelicidad a la madre y a su producto. Quienes defienden la vida del feto sin más, no tienen que cargar con el peso que representa arrastrar a un hijo no deseado a lo largo de la vida, o sufrir las agresiones constantes de un padre al que no puede complacerse de ningún modo.

Por supuesto, a los devotos cristianos no importa, pues su punto de vista religioso, considera que un hijo y la vida en general son producto de un destino determinado por un Dios omnipotente, que concede poco espacio a la libertad humana, que cuando se usa, aparentemente no se sabe utilizar. No voy a discutir demasiado sobre este punto, tengo amigos católicos y ellos sabrán cómo arreglan su vida, lo que no puede hacerse de ninguna manera, es imponerse un punto de vista particular al universo común de la población. En este país no sólo hay católicos o cristianos, hay personas con otras creencias y/o ninguna creencia, deberían respetarse las opiniones de todos y la elección particular de cada mujer para determinar su vida.

Lo único que habrá de suceder, es lo que ya venía sucediendo, las mujeres que tengan dinero para abortar lo seguirán haciendo en clínicas privadas, poniendo en riesgo parcial su salud al acudir a lugares clandestinos, sintiéndose culpables y siendo señaladas por la sociedad. Las que no tengan dinero, estarán expuestas todavía a más peligro, usando lo que tengan a mano y siendo pasibles de ser llevadas a juicio por el “delito cometido”.

La nueva pena, que aparentemente tendería a disminuir la condena al aborto, es verdaderamente escandalosa en un punto en específico, pues ahora considera a una mujer que quiere controlar su capacidad reproductiva como una enferma mental, digna de tratamiento psicológico. Más todavía, quiere convertir al psicólogo en cómplice de la medida, al empujarlo a adoptar el papel de corrector social o pedagogo retrógrado.

Sabemos desde el psicoanálisis la importancia de la demanda de cura en cualquier tratamiento, en este caso, la demanda de cura no provendría del paciente, sino del Estado que consideraría fuera de sus facultades mentales, loca, a la mujer que haya sido descubierta en ese predicamento. Así se invierte, se subvierte la demanda, convirtiendo el tratamiento psicoterapéutico en parte de un castigo. Equiparando a la mujer con el pedófilo, el psicópata o el criminal en serie.

¿Cómo podría funcionar así un tratamiento? ¿Qué opinan de esto, las asociaciones de psicólogos y psicoterapeutas, de psicoanalistas? ¿Será éste un tema de cavilación en las escuelas de psicología? ¿Formará este fenómeno parte de la reflexión de los discursos de los mercados o del Amo? Estaré pendiente de su respuesta o de su silencio...

No sé que piensen mis colegas, pero personalmente prefiero no callarme, y creo que deben negarse a atender a un paciente en estas circunstancias. Sería no sólo obsceno y deshonesto, sino antiético. Sé que hay escasez de trabajo, pero hacer una psicoterapia en esas circunstancias es convertirse en agente represivo del estado y delegado de una moral rancia que nada tiene que hacer en este nuevo siglo.

No solamente no se consultó a las mujeres sobre su opinión, sino en este caso se involucra la ética profesional de un especialista en una labor violenta y cruel, al servicio de los principios religiosos de un sector de la población y/o unos cuántos políticos conservadores que no saben para nada, respetar al prójimo cómo tanto predican.