Artículo aparecido ayer en Proceso:
SME, mentiras y fibra óptica
JENARO VILLAMIL
MEXICO, DF, 13 de octubre (apro).- Lo ocurrido la madrugada del sábado 10 de octubre demostró que el verdadero problema del gobierno de Felipe Calderón con el Sindicato Mexicano de Electricistas no era el asunto de la democracia sindical, como durante una semana argumentó el titular del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, al negar la "toma de nota" de la dirigencia del SME.
Los medios y columnistas afines al guión de Los Pinos encabezaron una campaña tan insistente y chocante que parecía que el nuevo "peligro para México" se llamaba Martín Esparza, por antidemocrático, bravucón e indomable frente al aire autoritario que se respira en Los Pinos.
Luego del golpe que hizo recordar el asalto al cerro del Chiquihuite, en diciembre de 2002, perpetrado por TV Azteca, ahora resulta que el SME no sólo era antidemocrático sino prácticamente el único responsable del atraso tecnológico de Luz y Fuerza del Centro (LFC), del "peso financiero" que representaba para la Secretaría de Hacienda mantener a esta compañía paraestatal.
Los jilgueros presidenciales han olvidado un elemento fundamental en esta nueva y obsesiva campaña mediática, llena de datos mañosamente acomodados y de verdades a medias: si tan responsable era el SME, ¿por qué no tomaron antes las medidas correctivas? ¿Acaso el SME es más pernicioso que el mismo sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), o que esa joya de la democracia sindical llamada SUTERM, dirigida durante décadas por La Güera Rodríguez Alcaine? ¿Por qué entonces, en lugar de la requisa y la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza a manos de la Policía Federal, no aplicaron una auditoría? ¿Por qué ahora la Secretaría de Hacienda descubre que sí tiene recursos para pagar la quiebra de la empresa?
El asunto no es sindical ni de eficacia económica. El tema es de intereses corporativos y de alianzas políticas. Cada día se va prefigurando el verdadero objetivo de este golpe policiaco-militar: tomar el control de una compañía que puede representar un jugoso negocio para quienes obtengan la concesión de la instalación de las redes de fibra óptica en el área del Valle de México, el mercado más importante, por volumen poblacional y por nivel de ingresos, para el negocio del triple play, es decir, la transmisión de datos, audio y video a través de una red alterna.
En este caso, la red de fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro ahora es de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En entrevista con la reportera Rosalía Vergara en la última edición de Proceso, Martín Esparza aporta elementos suficientes para dimensionar el nivel de los intereses en juego:
"Es un negocio, es una oportunidad para las empresas eléctricas porque además de la red de fibra óptica de mil 100 kilómetros, LFC cuenta con una cobertura de uno por ciento del territorio nacional. Tenemos una fibra para usos propios y capacidad de excedente. Podemos poner a disposición de la sociedad en general el servicio de voz, imagen e Internet (triple play) con una respuesta muy rápida".
El SME y el director de Luz y Fuerza del Centro, Jorge Gutiérrez Vera, presentaron ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 30 de junio de 2009, un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer los servicios de triple play.
Ahora sabemos o intuimos que este desafío de un sindicato y de la empresa paraestatal afecta los intereses de quienes andan tras un negocio que está valuado en 6 mil millones de dólares, si tomamos en cuenta el nivel de licitación de la CFE de sus dos pares de fibra óptica.
Estamos hablando de la poderosa trasnacional española Telefónica –dirigida por Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda--; de Cablevisión –propiedad de Televisa y con un mercado dominante en el Distrito Federal---; de Telmex, el gigante telefónico al que la SCT no le ha dado aún el cambio de título de concesión para que pueda competir en el triple play contra Televisa y Telefónica y, por supuesto a otros jugadores intermedios.
Entre esos jugadores intermedios se menciona a la compañía WL Comunicaciones que obtuvo en 1999 del exsecretario de Comunicaciones y Transportes durante el zedillismo, Carlos Ruiz Sacristán, una concesión para operar servicios de este tipo en la LFC.
El círculo se puede cerrar si recordamos que durante la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, quien jugó un papel fundamental fue el entonces presidente de la Cofetel, Javier Lozano Alarcón. El actual titular del Trabajo, efectivamente, está más interesado, desde entonces, en los negocios derivados de la convergencia tecnológica que de la democratización sindical.
Esparza declara en la misma entrevista que la compañía WL Comunicaciones –cuyos accionistas son dos destacados empresarios del panismo--, acudió a los servicios del despacho de Diego Fernández de Cevallos para frenar que el negocio por venir en el Valle de México se le otorgara a la paraestatal y al sindicato.
La huella de Fernández de Cevallos ha estado presente en las últimas y más polémicas decisiones adoptadas por el gobierno de Felipe Calderón. Por eso no extraña que su aliado, exsocio y actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aparezca en conferencias de prensa y en entrevistas con Televisa, argumentando más como un integrante del Consejo de Administración de una gran empresa por venir y no como el responsable de la política interior y de la gobernabilidad del país.
No es la eficacia del servicio de energía eléctrica lo que importa detrás de la medida adoptada frente al SME. Los apagones que se están registrando en delegaciones como Milpa Alta, en municipios mexiquenses como Atizapán y Ecatepec, o en entidades como Hidalgo y Puebla, nos habla de que la medida fue adoptada sin pensar en el servicio y en los consumidores, sino en el control corporativo de la empresa para los negocios por venir.
Los medios y columnistas afines al guión de Los Pinos encabezaron una campaña tan insistente y chocante que parecía que el nuevo "peligro para México" se llamaba Martín Esparza, por antidemocrático, bravucón e indomable frente al aire autoritario que se respira en Los Pinos.
Luego del golpe que hizo recordar el asalto al cerro del Chiquihuite, en diciembre de 2002, perpetrado por TV Azteca, ahora resulta que el SME no sólo era antidemocrático sino prácticamente el único responsable del atraso tecnológico de Luz y Fuerza del Centro (LFC), del "peso financiero" que representaba para la Secretaría de Hacienda mantener a esta compañía paraestatal.
Los jilgueros presidenciales han olvidado un elemento fundamental en esta nueva y obsesiva campaña mediática, llena de datos mañosamente acomodados y de verdades a medias: si tan responsable era el SME, ¿por qué no tomaron antes las medidas correctivas? ¿Acaso el SME es más pernicioso que el mismo sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), o que esa joya de la democracia sindical llamada SUTERM, dirigida durante décadas por La Güera Rodríguez Alcaine? ¿Por qué entonces, en lugar de la requisa y la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza a manos de la Policía Federal, no aplicaron una auditoría? ¿Por qué ahora la Secretaría de Hacienda descubre que sí tiene recursos para pagar la quiebra de la empresa?
El asunto no es sindical ni de eficacia económica. El tema es de intereses corporativos y de alianzas políticas. Cada día se va prefigurando el verdadero objetivo de este golpe policiaco-militar: tomar el control de una compañía que puede representar un jugoso negocio para quienes obtengan la concesión de la instalación de las redes de fibra óptica en el área del Valle de México, el mercado más importante, por volumen poblacional y por nivel de ingresos, para el negocio del triple play, es decir, la transmisión de datos, audio y video a través de una red alterna.
En este caso, la red de fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro ahora es de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En entrevista con la reportera Rosalía Vergara en la última edición de Proceso, Martín Esparza aporta elementos suficientes para dimensionar el nivel de los intereses en juego:
"Es un negocio, es una oportunidad para las empresas eléctricas porque además de la red de fibra óptica de mil 100 kilómetros, LFC cuenta con una cobertura de uno por ciento del territorio nacional. Tenemos una fibra para usos propios y capacidad de excedente. Podemos poner a disposición de la sociedad en general el servicio de voz, imagen e Internet (triple play) con una respuesta muy rápida".
El SME y el director de Luz y Fuerza del Centro, Jorge Gutiérrez Vera, presentaron ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 30 de junio de 2009, un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer los servicios de triple play.
Ahora sabemos o intuimos que este desafío de un sindicato y de la empresa paraestatal afecta los intereses de quienes andan tras un negocio que está valuado en 6 mil millones de dólares, si tomamos en cuenta el nivel de licitación de la CFE de sus dos pares de fibra óptica.
Estamos hablando de la poderosa trasnacional española Telefónica –dirigida por Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda--; de Cablevisión –propiedad de Televisa y con un mercado dominante en el Distrito Federal---; de Telmex, el gigante telefónico al que la SCT no le ha dado aún el cambio de título de concesión para que pueda competir en el triple play contra Televisa y Telefónica y, por supuesto a otros jugadores intermedios.
Entre esos jugadores intermedios se menciona a la compañía WL Comunicaciones que obtuvo en 1999 del exsecretario de Comunicaciones y Transportes durante el zedillismo, Carlos Ruiz Sacristán, una concesión para operar servicios de este tipo en la LFC.
El círculo se puede cerrar si recordamos que durante la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, quien jugó un papel fundamental fue el entonces presidente de la Cofetel, Javier Lozano Alarcón. El actual titular del Trabajo, efectivamente, está más interesado, desde entonces, en los negocios derivados de la convergencia tecnológica que de la democratización sindical.
Esparza declara en la misma entrevista que la compañía WL Comunicaciones –cuyos accionistas son dos destacados empresarios del panismo--, acudió a los servicios del despacho de Diego Fernández de Cevallos para frenar que el negocio por venir en el Valle de México se le otorgara a la paraestatal y al sindicato.
La huella de Fernández de Cevallos ha estado presente en las últimas y más polémicas decisiones adoptadas por el gobierno de Felipe Calderón. Por eso no extraña que su aliado, exsocio y actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aparezca en conferencias de prensa y en entrevistas con Televisa, argumentando más como un integrante del Consejo de Administración de una gran empresa por venir y no como el responsable de la política interior y de la gobernabilidad del país.
No es la eficacia del servicio de energía eléctrica lo que importa detrás de la medida adoptada frente al SME. Los apagones que se están registrando en delegaciones como Milpa Alta, en municipios mexiquenses como Atizapán y Ecatepec, o en entidades como Hidalgo y Puebla, nos habla de que la medida fue adoptada sin pensar en el servicio y en los consumidores, sino en el control corporativo de la empresa para los negocios por venir.
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